Ni un año de la última Consulta Popular y Daniel Noboa nos vuelve a meter en una. En su aspiración por demostrar su fuerza política, Noboa va a gastar 60 millones de los ecuatorianos en una innecesaria consulta dado el control que mantiene en la Asamblea Nacional con la super mayoría que ha formado con correístas y socialcristianos, que ya sea mediante aprobación explícita, allanamientos tácitos o abstenciones, dejan al presidente moldear el país a su gusto.
Sacadas de la nada, y enviadas en
montonera a la Corte Constitucional, Daniel Noboa ha planteado implícitamente
un plebiscito a sus cuatro meses de gestión, preparando el terreno para volver
a ganar en 2025.
Noboa a intentando excusarse del
gasto inútil, declarando que la Corte Constitucional ordenó preguntar a la
ciudadanía el tema del apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en el
mantenimiento del orden interno más allá del Estado de Excepción, omitiendo que
la razón de esto fue la aprobación de esta reforma en la Asamblea, controlada
por el gobierno y aliados, una reforma que como todas las planteadas no cambia
la realidad que persiste en el país en medio de las mentiras de Daniel Noboa y
compañía, que incluso la empeora con las preguntas D y E.
Repetición de las Preguntas de Lasso
Apenas un año se ha cumplido del
Referéndum de Guillermo Lasso y pese a que ninguna de las preguntas consiguió
ser aprobada. Daniel Noboa ha decidió volver a incluirlas en su referéndum y
consulta. Una pequeña muestra de continuidad con el fracasado gobierno al que
reemplazo.
Casillero B: ¿Está usted
de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos, con las condiciones,
requisitos, restricciones e impedimentos establecidos en la Constitución, los
instrumentos internacionales y en la Ley, enmendando la Constitución y
reformando las leyes, conforme el Anexo 1?”
Una de las preguntas repetidas es
la referente a la extradición de personas, un intento más del gobierno de Lasso
por desentenderse de sus responsabilidades. Acudiendo a los Estados Unidos y
otros países. Revelando su incapacidad de gestionar el sistema penitenciario,
abarrotado y fuera del control estatal ante la corrupción de las autoridades.
El gobierno de Daniel Noboa ha
sido mucho más agresivo en esta política. Ya se encuentra expulsando presos
extranjeros de regreso a sus países, sin la seguridad de que sus países de
origen los mantenga en las cárceles, y, por tanto, sin la seguridad de que
estos no regresen a Ecuador por vías de tránsito irregulares.
Puede que la extradición sea bien
vista por las masacres, pero esto no cambiara si el Estado no cumple su
responsabilidad de estar a cargo del sistema de rehabilitación social, en vez
de dejar que se conviertan en Universidades del Crimen. Citando lo que mencione
el año pasado, la extradición “para lo único que funciona es para aumentar el
sometimiento del Ecuador al imperialismo yanqui al perder con los extraditados,
fuentes de información para acabar con estas mafias. La DEA obtendrá el control
de esta información, convirtiendo en necesidad dejar a Estados Unidos
involucrarse más en asuntos de seguridad del Ecuador, mientras, Lasso, la
policía, el gobierno y la justicia se declaran inútiles para combatir
delincuencia.” Con ello se facilita una fuga de testigos de delitos en los
cuales puede estar involucrados el Estado y sus representantes.
No se trata de algo inventado, en
nuestra vecina Colombia tenemos el caso de Salvatore Mancuso, líder paramilitar
que en 2008 fue extraditado a Estados Unidos impidiendo que vincule Álvaro
Uribe en la masacre de El Aro y demás crímenes donde el Estado y líderes
políticos se involucraron, de forma oportuna para que paguen por ellos, en vez
de recién mencionarlos cuando ya prescribieron.
Restringir Medidas Cautelares
Casillero C: ¿Está usted
de acuerdo con el establecimiento de judicaturas especializadas en materia
constitucional, tanto en primera como en segunda instancia, para el conocimiento
de las garantías jurisdiccionales que les corresponda, enmendando la
Constitución y reformando la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y
Control Constitucional, de acuerdo con el Anexo 2?
La situación creada por la
corrupción dentro del Poder Judicial ha implicado una mala fama para las
garantías jurisdiccionales. La liberación de Jorge Glas y narcotraficantes
mediante habeas corpus ha llevado a debate lo sumamente garantista de derechos
que es entendida la Constitución, ignorando que la interpretación de esta no
depende de la Constitución en sí, sino de las autoridades dentro del sistema de
justicia.
El gobierno plantea jueces
especiales para conocer y aceptar las medidas cautelares, sin embargo, no se
indica que va a hacer para impedir la corrupción entre estos magistrados.
Simplemente es un cambio en la forma de tratar estos casos, pero no en las
causas que producen estos vicios en las resoluciones contrarias al interés de
la ciudadanía en general.
Una reforma que plantea alejar la justicia de los criminales, alejándola de todo el pueblo mas de lo que ya esta. No sabemos cuántos serán estos jueces especiales, si estarán disponibles en todo canton o solo en las capitales de provincia. Más dificultades para impedir excesos de la fuerza pública, facilidades para de las autoridades restrinjan la informacion que nos llega y guarden secretos de sus actividades, recordando que el habeas data y la acción de acceso a la información pública están incluidos en la reforma.
Militarización
Casillero A: Actualmente,
las Fuerzas Armadas no pueden apoyar a la Policía Nacional en la protección
interna y mantenimiento del orden público, a menos que exista una declaratoria
de estado de excepción. ¿Está usted de acuerdo con que se permita el apoyo
complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para
combatir el crimen organizado, reformando parcialmente la Constitución de
conformidad con lo previsto en el Anexo 1?
Casillero F: ¿Está usted
de acuerdo con que las Fuerzas Armadas realicen control de armas, municiones,
explosivos y accesorios, permanentemente, en las rutas, caminos, vías y
corredores autorizados para el ingreso a los centros de rehabilitación social?
Pese a que la Consulta Popular y
Referéndum está siendo promocionada como una forma para acabar con la crisis de
inseguridad únicamente 2 de las preguntas del Referéndum son referentes a la
seguridad, siendo estas las que tendrán inmediata vigencia una vez aprobadas y
publicados los resultados por el Consejo Nacional Electoral. El resto de las
preguntas, no tienen vigencia inmediata, teniendo que pasar primero por la
Asamblea.
Además de la repetitiva pregunta
de la extradición, tenemos la que plantea el apoyo complementario de las
Fuerzas Armadas en la seguridad interna, hecho que ha demostrado en los últimos
meses de Estado de Excepción únicamente servir para generar memes, humillar
gente, criminalizar a la juventud, y provocar muertes en sus “exabruptos”.
Con más orden y disciplina, junto con comprensión de las diferencias entre una guerra y un conflicto con la delincuencia organizada, esta pregunta sirva para los pueblos. Sin embargo, el personal militar entrenado para la
guerra, que debería por lo menos regirse por el derecho internacional
humanitario, ha obtenido de la Asamblea Nacional y el gobierno la inmunidad
total a los crímenes que pueda cometer. Carlos Javier Vega Ipanaque es una de
las víctimas de este régimen militar, a sus 19 años fue asesinado al ser
tiroteado por militares mientras junto a su primo a vender un gato.
Este Estado de Excepción de Daniel
Noboa donde se ha proclamado el “conflicto armado interno” para envalentonar a
las fuerzas del orden, es un preámbulo para lo que pasara de ser aprobada la
militarización del país. Un Estado de Excepción donde la única diferencia que
ha existido es el numero de excesos de las fuerzas militares, mientras las muertes
han bajado solo un 18%, sin diferencia a lo conseguido con los estados de
excepción de Guillermo Lasso, existiendo entre enero y febrero de 2024, 773
homicidios intencionales en el país; un promedio de 12 asesinatos por día,
cifra aun alarmante, pero que el gobierno quiere presentar como un éxito.
A la hora de escoger lo que vamos
a votar en esta pregunta también es importante tomar en cuenta los recientes
acontecimientos en Palo Quemado y las Palmas, comunidades de Cotopaxi, que,
tras ser entregadas a una minera canadiense por el régimen de Daniel Noboa,
están siendo despojadas de sus tierras por las Fuerzas Armadas y la Policía con
el fin de realizar una consulta “previa, libre e informada” en la que por su
“propia voluntad” autoricen la extracción minera. Acusados de “terroristas” por
intentar resistir a este plan, han sufrido de los primeros actos de represión
en el régimen de Daniel Noboa y los insultos del primer mandatario que busca justificar
a base de su “guerra” todo crimen de su gobierno.
Casillero J: ¿Está usted de
acuerdo con que las armas, sus partes o piezas, explosivos, municiones o
accesorios que fueron instrumentos u objeto material de un delito, puedan
destinarse al uso inmediato de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas,
reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el Anexo de la pregunta?
Pese a la incapacidad de las
Fuerzas Armadas para tratar con los ciudadanos ecuatorianos por fuera de sus
prejuicios sociales, Noboa no solo insiste con ello en la pregunta f, sino que
también busca la forma de darle más armas, las de los criminales, con las que
se cometieron crímenes. Las implicaciones van desde el uso de armas ilegales
dentro de la fuerza pública, la falta de municiones para esas armas hasta la
posibilidad de encubrir los crímenes del personal militar, volviéndose más
difícil imputarlos.
Populismo Penal
Casillero G: ¿Está usted
de acuerdo con que se incrementen las penas de los delitos de: (i) terrorismo y
su financiación, (ii) producción y tráfico ilícito de sustancias catalogadas
sujetas a fiscalización, (iii) delincuencia organizada, (iv) asesinato, (v)
sicariato, (vi) trata de personas, (vii) secuestro extorsivo, (viii) tráfico de
armas, (ix) lavado de activos y (x) actividad ilícita de recursos mineros,
reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el Anexo de la pregunta?
Casillero I: ¿Está usted
de acuerdo con que se tipifique el delito de tenencia o porte de armas,
municiones o componentes que son de uso privativo de las Fuerzas Armadas o la
Policía Nacional, sin afectar a las armas de fuego permitidas para uso civil,
reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el Anexo de la pregunta?
Casillero H: ¿Está usted
de acuerdo con que las personas privadas de la libertad cumplan la totalidad de
su pena dentro del centro de rehabilitación social en los delitos detallados en
el Anexo de la pregunta, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme
consta en el referido Anexo?
La consulta también plantea nuevas
reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), una propuesta que el mismo
Daniel Noboa admite implícitamente como no urgente, cuando retraso la votación
de estas reformas en la Asamblea Nacional para seguir con su consulta inútil.
La verdad es que no es nada nuevo
lo de reforma el COIP. Recién en el 29 de marzo de 2023 fue publicada la Ley
Orgánica Reformatoria a Varios Cuerpos Legales para el Fortalecimiento de las
Capacidades Institucionales y la Seguridad Integral. Antes de eso, en agosto
de 2021, fue publicada la Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico
Integral Penal para Prevenir y Combatir La Violencia Sexual Digital y
Fortalecer la Lucha contra los Delitos Informáticos. Ninguna de las dos
requirió de la aprobación de la ciudadanía en consulta para entrar en vigor y,
como podemos ver empíricamente, tampoco mejoraron la cruda realidad del país.
Aumento de penas a ciertos crímenes,
mientras los capos de las mafias viven en departamentos de lujo dentro de las
cárceles. Tipificación de nuevos crímenes, cuándo estas gobernando los sitios de
“rehabilitación” como verdaderos señores. Forzarlos a cumplir la totalidad de
su pena, cuando no necesitan de ninguna ley para escapar. Los cambios en los
textos legales no provocan ningún cambio real ante la crisis del estado,
incapaz por voluntad propia de lidiar con esta crisis.
Ningún ecuatoriano puede estar en contra de reprimir y ajusticiar a los grandes criminales, pero es imposible imaginarse que esta pregunta sea de utilidad mientras los que han gobernado con estas grandes mafias, lo sigan haciendo.
Casillero K: ¿Está usted
de acuerdo con que el Estado proceda a ser el titular (propietario) de los
bienes de origen ilícito o injustificado, simplificando el procedimiento de la
Ley Orgánica de Extinción de Dominio, conforme el Anexo de la pregunta?
La Ley de Extinción de Dominio
es una ley improductiva ante una política y justicia controladas por sujetos
favorables a los mafiosos y narcotraficantes. Una clase burguesa que ha acudido
a métodos ilegales para acumular más riqueza, que se ha asociado a grupos
criminales para este fin voraz. El Caso Metástasis y luego el Purga han
evidenciado esa realidad, a los nombres de Jorge Glas, Diego Ordoñez y Wilman Terán,
se unen los de Fabiola Gallardo y Pablo Muentes, exasambleísta socialcristiano,
ratificando lo que ya habíamos entendido del nivel de podredumbre del Estado. Podredumbre,
síntoma de la descomposición de un sistema que ya a alargado su vida útil, que
se niega a desaparecer y que Noboa no puede cambiar al gozar de sus beneficios
durante toda su vida.
Los narcotraficantes y grandes corruptos ya tienen gran parte de su fortuna en el extranjero, esta pregunta de nada va a servir si no se resuelve como recuperar esta importante porción de lo sustraído al pueblo ecuatoriano.
Más Imperialismo
Casillero D: “¿Está usted de acuerdo que el Estado ecuatoriano reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión, contractuales o comerciales?”
Daniel Noboa parece que no le es suficiente habernos llevado a un conflicto comercial con Rusia por quererle entregar armas soviéticas a Estados Unidos, que ahora quiere cambiar la misma Constitucion de Republica para congraciarse con el Imperio. La pregunta de la extradición no es suficiente para ello, por lo que Noboa quiere hacer algo más y abrir las puertas al arbitraje comercial.
Aunque no es nada nuevo, pues Lasso, ignorando el marco constitucional, ratifico el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y nacionales de Otros Estados (1966) nuevamente en julio de 2021 luego de que Ecuador salió en 2009 tras la aprobación de la Constitución. Ahora Daniel Noboa quiere formalizarlo, borrando el impedimento presente en el articulado constitucional.
“Este convenio, así como los tratados bilaterales de inversión, violentan la soberanía nacional en beneficio de los intereses de las empresas extranjeras, menoscaban la legislación local y los derechos de las personas y la naturaleza.” (Semanario En Marcha, 2021)
Estamos hablando de tribunales ajenos a un país que decidirán por encima de los estados sobre su economía y negocios, favoreciendo los intereses de los países mas poderosos y sus empresas transnacionales. Tenemos el caso de nuestro vecino, Perú, uno de los países de Sudamérica más demandados, ha perdido tres casos en dos años (2022 y 2023) con un costo de USD 111 millones. Una cifra de agosto en la que no se encontraba incluido el fallo a favor de la Sociedad Aeroportuaria Kuntur Wasi S.A. En 2023, México y Honduras fueron los países mas demandados de todo el globo.
Nuestro país ya debe 50 mil millones gracias a estos arbitrajes internacionales. Al volver constitucionales estas acciones nuestro país se encontrará indefenso ante indemnizaciones que empresas extranjeras hagan por anulación de contratos que seguramente ellos incumplieron primero. Un requerimiento para acceder a los acuerdos internacionales con las grandes potencias, interesadas en tener un mercado que explotar sin límites, al costo de que las grandes transnacionales impongan la explotación minera en los territorios del Ecuador.
Explotación Laboral
Casillero E: ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República y reformar el Código de Trabajo para el contrato de trabajo a plazo fijo y por horas, cuando se celebre por primera vez entre el mismo empleador y trabajador, sin afectar los derechos adquiridos de los trabajadores, de acuerdo con el Anexo 4?
Daniel Noboa, un representante de los sectores mas pudientes de la sociedad ecuatoriana, continuando con la política neoliberal de Guillermo Lasso y sus predecesores, plantea en medio de una Consulta donde mayoritariamente comprenden el tema de seguridad, una pregunta con la que se pretende autorizar la precarización laboral.
El gobierno y las cámaras hablan de una mayor libertad para contratar a más personal, haciéndonos creer que no lo hacen ya de forma ilegal. Esos empleos irregulares son inútiles para saciar las necesidades del trabajador, con sueldos demasiado bajos por debajo del salario básico y por tanto también por debajo de la canasta básica familiar.
Tomar en cuenta que, el anexo 4 deja a disposición entera del Presidente de la República definir las reformas al Código del Trabajo, sin ninguna seguridad de que se vayan a a respetar los derechos laborales una vez aprobada la reforma constitucional. Las propuesta inicial del Ministerio de Trabajo, fija un pago de 2,80 por hora, e impide que se pueda trabajar por más de 3 horas al día en esta modalidad, significando un ahorro para los empresarios, mientras los trabajadores solo obtendrían 152 dólares al mes, muy por debajo del salario básico y el valor la canasta básica familiar que tras la subida del IVA, puede llegar a más de 800 dolares.
Daniel Noboa nos engaña al
decirnos que esto mejorará la seguridad del país, cuando la verdad es que su
única utilidad será la de aumentar el sometimiento al imperialismo y desmantelar
los derechos laborales bajo un aval popular. Un
paso más por las políticas neoliberales y fascistoides en el Ecuador, para acabar con las pocas
libertades que persistían y cuesta mantener en un sistema capitalista que
encubre su desigualdad y favoritismo favorable a un pequeño sector de la sociedad.
La militarización o las reformas inútiles al COIP, son percibidas como necesarias por un pueblo necesitado de seguridad, y posiblemente en otras condiciones (bajo otro sistema) haga mucho, pero al final estas preguntas no harán más de lo que se hace mientras exista esta clase gobernante interesada solo ellos mismos. Ya la Asamblea le permitía sin ningún obstáculo realizar estos planes, y se ha vuelto parte de la normalidad vivir bajo Estado de Excepción. El Ecuador necesitado de seguridad anhela algo que lo consiga, lamentablemente estas preguntas al final no lo lograran, quedando para el olvido, sin mejoras para la fuerza pública y con los mismos de siempre gobernando.
Entre todas las preguntas inútiles de Noboa es importante prestar atención a la D y la E, sobre el trabajo por horas y los arbitrajes internacionales injustos, donde la Constitución sigue siendo nuestro único límite para mantener ilegal estas medidas de esclavitud de los trabajadores y sumisión del país a agentes extranjeros, dícese de los grandes monopolios o las naciones imperialistas.
Referencias
AP EXPLICA: ¿Quién es Salvatore Mancuso, el exjefe
paramilitar que busca la libertad en Colombia? (23 de Marzo de 2023). Obtenido
de Associated Press:
https://apnews.com/world-news/general-news-7bd95d36635265a6daa0bb66515631ff
La tasa de muertes
violentas en el país se redujo un 18 % en los dos primeros meses del 2024. (1 de Marzo de 2024).
Obtenido de Ecuavisa: https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/tasa-muertes-violentas-redujo-primeros-meses-2024-MI6947835
Montaño, F. (20 de
Agosto de 2023). Perú perdió arbitrajes del Ciadi por más de USD 111
millones en 2022 y 2023. Obtenido de OjoPublico:
https://ojo-publico.com/sala-del-poder/ciadi-peru-perdio-arbitrajes-por-mas-usd-111-millones-desde-2022
Semanario En Marcha. (1
de Julio de 2021). Ciadi atenta a la soberanía nacional. Obtenido de
Partido Comunista Marxista Leninista del Ecuador:
https://www.pcmle.org/EM/spip.php?article11270
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