Enfoque Rebelde: enero 2023

Otro presidente, otra consulta, ya pareciera como si estuviera en la ley que cada presidente debe hacer una Consulta Popular o Referéndum. Rafael Correa realizo una Consulta en 2011 cuando la Constitución elaborada durante su mandato le quedo estrecha a su ego, y otra Consulta más en 2017 para apaciguar el escandalo de los Panamá Papers y atacar a Lasso. Al año siguiente, Moreno buscando obtener popularidad atacando a Correa y obligado por las circunstancias, atendió la demanda popular de una Consulta para descorreizar el país.

Hoy en 2023, Lasso hace una mal llamada Consulta, sino un Referéndum que en sus 8 preguntas modifica la Constitución de Montecristi para supuestamente combatir la corrupción y proteger la naturaleza, pero en realidad nada se hace por ello.

Véase También: El Desencuentro de Lasso
Véase También: ¿El Ecuador del Encuentro?

Imperialismo Penal

Pregunta 1: La extradición de ecuatorianos está prohibida en todos los delitos, incluso aquellos relacionados al crimen organizado transnacional como el narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas y tráfico de migrantes. ¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional, a través de procesos que respeten los derechos y garantías, enmendando la Constitución de acuerdo con el Anexo 1?

Lasso busca que se autorice la extradición, mintiéndonos y diciéndonos que no se puede extraditar a nadie, cuando es una de las tantas mentiras que nos ha dicho en ya dos años de gobierno, una década como político, y toda su vida como banquero.

Si se puede extraditar a los extranjeros, pero no a los ecuatorianos. Y como es obvio para cualquier abogado, la extradición se inicia a pedido del otro país, no cuando quiera el país en donde se encuentra el preso, para eso existen otros mecanismos. Pero es obvio para todos, menos para Lasso, que, si alguien no comete el delito en ese país, no va a ser buscado ni solicitado por aquel país.

Si fuera posible, como hacer creer la propaganda lassita, que se puede extraditar a todos los narcotraficantes y presos del país, para que me sirven las demás preguntas del referéndum donde se dice mejorar la justicia.

Lasso se aprovecha de la creencia de que lo extranjero es mejor, para hacer pensar al pueblo que esto es la solución. “Solución” a la que ya han optado países como México y Colombia, pese a la cual siguen sumergidas en las garras del narcotráfico. Aunque los capos estén encerrados en Estados Unidos, los carteles siguen funcionando.

Para lo único que funciona es para aumentar el sometimiento del Ecuador al imperialismo yanqui al perder con los extraditados, fuentes de información para acabar con estas mafias. La DEA obtendrá el control de esta información, convirtiendo en necesidad dejar a Estados Unidos involucrarse más en asuntos de seguridad del Ecuador, mientras, Lasso, la policía, el gobierno y la justicia se declaran inútiles para combatir delincuencia.

Más Institución, Menos Democracia

En medio del descredito e impopularidad de todas las instituciones del estado ecuatoriano, Lasso busca de alguna forma ser popular modificando la Fiscalía, la Asamblea y el Consejo de Participación Ciudadana.

Pregunta 2: Actualmente el Consejo de la Judicatura selecciona, evalúa, capacita y sanciona a fiscales. ¿Está usted de acuerdo con garantizar la autonomía de la Fiscalía General del Estado, para que esta seleccione, evalúe, ascienda, capacite y sancione a los servidores que la conforman a través de un Consejo Fiscal, enmendando la Constitución de acuerdo con el Anexo 2?

Para reformar la justicia ecuatoriana, Guillermo Lasso nos propone otra institución dentro de la Fiscalía General del Estado. El Consejo Fiscal, un órgano consultivo de 7 personas desde el cual sea la misma fiscal quien seleccione a los fiscales y no el Consejo de la Judicatura. El anexo no define ningún mecanismo para seleccionarlos, por lo cual es claro que serán autoridades elegidas a dedo por la misma fiscal, para aparentar cierta división entre los temas administrativos y la función principal de la Fiscalía, cuando será una persona la que controle todo. Siete funcionarios más a quienes darles un salario contradiciendo una de las razones de la pregunta 3.

Pregunta 3: En la actualidad, la Asamblea Nacional está integrada por 137 asambleístas y se estima que, con el censo poblacional del 2022, este número ascienda aproximadamente a 152 asambleístas. ¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se los elija de acuerdo a los siguientes criterios: 1 asambleísta por provincia y 1 asambleísta provincial adicional por cada 250.000 habitantes; 2 asambleístas nacionales por cada millón de habitantes; 1 asambleísta por cada 500.000 habitantes que residan en el exterior, enmendando la Constitución de acuerdo con el Anexo 3?

La Asamblea Nacional será reducida en miembros, lo que significa que habrá menor representatividad. Principalmente esto afectará a la Amazonía y demás provincias pequeñas que no superan la población necesaria para tener más de 2 asambleístas y ahora solo tendrán solo a uno. Lasso dice que esto permitirá ahorrar en el sostenimiento de la Asamblea, cuando la verdad los excesos de la Asamblea podrán seguir con los asambleístas que queden, desde almuerzos carísimos hasta incluso podrían pensar en aumentos de sueldos, sin importar el numero que haya, pues la mayoría de estos gastos son fruto de la coima y los negociados.

Y de seguro existirá y agravamiento de la corrupción, más cuando esto fortalezca a los partidos más grandes del país, partidos que representan los intereses de los grandes ricos y no de sus electores, pero que acceden a los votos del pueblo aprovechándose de su capacidad para contratar propaganda. Estos son los partidos que se quedan con gran parte de los escaños de la Asamblea, cuyos dirigentes se peleaban en el Congreso y que hoy siguen aprovechándose del Estado, los creadores de esta mala fama y los mismo que seguirán en la Asamblea con mayor poder, si llega a ganar el Sí.

Pregunta 4: Actualmente existen 272 movimientos políticos en el Ecuador. ¿Está usted de acuerdo con exigir que los movimientos políticos cuenten con un número de afiliados mínimo equivalente al 1.5% del registro electoral de su jurisdicción y obligarlos a llevar un registro de sus miembros auditado periódicamente por el Consejo Nacional Electoral, enmendando la Constitución de acuerdo con el Anexo 4?

En este sentido también se encuentra la pregunta que busca reducir los movimientos políticos del país, no logrando nada para cambiar la situación política, provocando incluso que empeore debido a la baja capacidad económica de ciertos movimientos, que de aprobarse esto dejarían de existir, facilitando a las opciones de los mismos de siempre seguir en el poder. Un golpe más a la ya ausencia de división de poderes en el Ecuador.

En esto último, nuevamente, aprovechándose de ese gusto y sobrevaloración de lo extranjero, la propaganda del lassismo habla de los pocos partidos que hay en México, donde pasaron décadas gobernados por un solo partido politico con elecciones amañadas incluidas, para recién en el 2000 hablar de un bipartidismo en la figura del PRIAN, luego la del PRIAND, con un grupo de grandes partidos dominando la política de un país hundido en la inseguridad. También se habla de Estados Unidos, en donde los Demócratas y Republicanos se han repartido el poder y no existe ninguna opción de cambio con todos los presidentes instigando guerras, mientras aparentan ser diferentes y negocian con todo tipo de lobbies de empresarios para generar leyes a su beneficio a cambio de fondos para campañas.

Ponen de ejemplos países donde resulta más fácil ejercer el poder porque con los pocos partidos que hay, les resulta más fácil pactar por debajo de la mesa. Modelos bipartidistas que han sido rechazados en sus propios países, pero cuyos pueblos se han visto incapaces de dejar ante la enorme maquinaria propagandista de estos partidos, su control absoluto de las instituciones.

Pregunta 5: El CPCCS es una entidad pública que actualmente tiene el poder de designar a 77 autoridades. ¿Está usted de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el CPCCS e implementar procesos públicos que garanticen participación ciudadana, meritocracia y escrutinio público, de modo que sea la Asamblea Nacional la que designe a través de estos procesos a las autoridades que actualmente elige el CPCCS enmendando la Constitución de acuerdo con el Anexo 5?

Pregunta 6: El CPCCS es una entidad pública que actualmente es elegida por sufragio universal. ¿Está usted de acuerdo con modificar el proceso de designación de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, para que sean elegidos mediante un proceso que garantice participación ciudadana, meritocracia, escrutinio público, llevado a cabo por la Asamblea Nacional, enmendando la Constitución de acuerdo con el Anexo 6?

Los miembros del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) dejarán de ser cargos de elección y perderán sus funciones de designar autoridades de control. Será la desprestigiada y corrupta Asamblea que se encargue de ello.

Véase También: CPCCS: De vuelta el Hiperpresidencialismo
Véase También: Consulta Popular 2018: Cerrar una Página del Correísmo

Esto último es una total bofetada a los electores declarando que no saben por quién votar, así que será la Asamblea que lo haga por nosotros. El lassismo insiste en decir que es una institución correísta, que jamás cambiara, ignorando que en 2018 apoyo la Consulta que hizo a los miembros del CPCCS cargos de elección directa, y en 2022 mando a policías a la sede del Consejo para tomarse la dirección del organismo, misma dirección que ha socavado la elección del presidente del Consejo de la Judicatura, para prorrogar en funciones al presidente actual, cercano a Lasso.

El resultado de esto será acumulación de poder en pocas manos, que se seguirán repartiendo el Ecuador. Lasso se asegura de mantener el statu quo actual en superintendencia y demás autoridades de control, al referéndum permitir en sus disposiciones esto, a la espera que la Asamblea apruebe la ley con la cual recién asumiría estas funciones. Una disposición que asegura que en vez de que todos cambie, nada cambie y se siga con el reparto.

La poca calidad de los políticos es debido a que en la democracia actual más que los intereses de los grandes grupos económicos, no los de la mayoría del pueblo. Son quienes tienen apoyo de los ricos, quienes pueden promocionarse, quienes tienen palanca, son ellos quienes llegan a los principales puestos de las instituciones del estado y las ponen a completo servició que de unos pocos. Si hay alguien que defienda intereses populares, su voz es mínima. Hasta que no se resuelva esto, no habrá cambios reales en el país.

Véase También: En Marcha: Lasso Miente, Dile NO

Lasso Minero-Ecologista

Pregunta 7: La Constitución excluye del Sistema Nacional de Áreas Protegidas a las áreas de protección hídrica. ¿Está usted de acuerdo con se incorpore un subsistema de protección hídrica al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, enmendando la Constitución de acuerdo con el Anexo 7?

La séptima pregunta empieza con una verdad a medias, pues quizás se excluyan la protección hídrica de las areas protegidas, pero la Constitución de Ecuador si menciona en varios momentos la protección del agua. Exactamente el articulo 318 menciona que es un patrimonio nacional al que esta prohibida su privatización. En el mismo articulo menciona a las comunidades y al Estado como los únicos competentes para gestionar el agua.

El articulo 411 de la Constitución indica: "El Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo integral de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo hidrológico." y en el mismo articulo a modificar con esta pregunta se menciana ya dentro del Sistema Nacional de Areas Protegidas a los subsistemas estatal y comunitario, competentes en el articulo 318 de gestionar el agua. Ya existen el país areas de protección hídrica como Ponce-Paluguillo en Pichincha y Napo o Kayambi en Pichincha, entre otros, que han sido mal atendidos por el Estado.

Lasso al considerar que la protección hídrica esta excluida del Sistema de Areas Protegidas, nos haría pensar que no sabe de Ciencias Naturales, que no entiende que los lagos y los rios forman parte de un ecosistema. No existe frontera entre las selva y sus rios. Así tampoco parece entender que los subsistemas no tienen que ver con si son un bosque o un rio, sino de quien es la responsabilidad de protegerlo, sean comunidades, gobiernos autónomos descentralizados o el estado. Lo único que se puede afirmar es que Lasso busca una excusa para no haber dedicado algo del presupuesto del estado a la protección hídrica.

En si, los anexos de la pregunta no prevén ningún cambio en si más que crear el subsistema de protección hídrica, separando la protección del agua de todo lo demás, lo que significaría que simplemente estamos ante un papel en blanco para que el gobierno haga lo que se le de la gana con los ríos, lagos y lagunas del Ecuador. Algo peligroso que puede llevar a que se expropien a las comunidades sus sistemas de riego y sus aguas en territorios ancestrales y que pasen a manos del Estado y empresas privadas, más cuando sabemos como areas protegidas como el Yasuní, han sido explotadas por el gobierno de Correa, Moreno y Lasso.

Pregunta 8: La Constitución no prevé compensaciones a quienes apoyan a la generación de servicios ambientales. ¿Está usted de acuerdo con que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, puedan ser beneficiarios de compensaciones debidamente regularizadas por el Estado, por su apoyo a la generación de servicios ambientales, enmendando la Constitución de acuerdo con el Anexo 8?

La última pregunta habla de compensaciones económicas a quienes den “apoyo a la generación de servicios ambientales”. Cuando insiste en hablar del ambiente como un servicio, Lasso demuestra que ve al ambiente como un negocio, no como algo que necesariamente se debe proteger. Deja en manos de personas privadas un tema tan importante, buscando ignorar que es responsabilidad del Estado garantizar un ambiente sano.

Una forma con la que el Estado podrá dar paso a la evasión de impuestos, comprar a las comunidades que luchan por la naturaleza, y definir que es defender la naturaleza mientras reprime a aquellos que no estén acorde a sus intereses. Otro intento de Lasso de declararse ecologista que no resulta en nada real en contra del Cambio Climático, mientras sigue la explotación del Yasuní y la represión a las comunidades que luchan contra la minería, borrando de esta forma varios de los avances conseguidos en la Constitución de Montecristi.

Incluso, habría que referirse a lo que no incluye la pregunta, pero si el anexo, donde dice que el el Estado "regulará su producción, prestación, uso y aprovechamiento" esta haciendo referencia permitir concesiones, algo a lo que ya se refiere el actual artículo 74, pero a lo que se suma considerar al estado como "administrador de servicios ambientales" en vez de "garante de los derechos de la naturaleza". Una enmienda poco necesaria para seguir con la política extractivista, pero que muestra las verdaderas intenciones de Lasso, buscando obtener otro articulo con el cual legitimar los daños ambientales que provoca, pensado más en negocios que en defensa del ambiente.

Un compendio de pregunta con truco, donde lo importante no es terminar con la inseguridad, la autonomía fiscal, la lucha contra la corrupción o la protección del medio ambiente, sino rascar algo de popularidad para Guillermo Lasso a la vez que busca nuevas formas para acumular poderes y aumentar riquezas. Una estafa a los pueblos del Ecuador para hacer como que se hace algo sin hacer nada. Un intento de seguir con la política neoliberal tranquilamente.

Dos años más para que termine el mandato y su popularidad se encuentra hundida por la corrupción de su cuñado Danilo Carrera, el desempleo, la incapacidad de resolver los problemas del país y de cumplir sus promesas. Y es que, como ya he dicho en varias ocasiones, no existirá nada en beneficio para el pueblo, hasta que exista una transformación total y radical de la sociedad.