Enfoque Rebelde: Consulta de Noboa: Imperialismo y Precarización Laboral

Ni un año de la última Consulta Popular y Daniel Noboa nos vuelve a meter en una. En su aspiración por demostrar su fuerza política, Noboa va a gastar 60 millones de los ecuatorianos en una innecesaria consulta dado el control que mantiene en la Asamblea Nacional con la super mayoría que ha formado con correístas y socialcristianos, que ya sea mediante aprobación explícita, allanamientos tácitos o abstenciones, dejan al presidente moldear el país a su gusto.

Sacadas de la nada, y enviadas en montonera a la Corte Constitucional, Daniel Noboa ha planteado implícitamente un plebiscito a sus cuatro meses de gestión, preparando el terreno para volver a ganar en 2025.

Noboa a intentando excusarse del gasto inútil, declarando que la Corte Constitucional ordenó preguntar a la ciudadanía el tema del apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en el mantenimiento del orden interno más allá del Estado de Excepción, omitiendo que la razón de esto fue la aprobación de esta reforma en la Asamblea, controlada por el gobierno y aliados, una reforma que como todas las planteadas no cambia la realidad que persiste en el país en medio de las mentiras de Daniel Noboa y compañía, que incluso la empeora con las preguntas D y E.

Repetición de las Preguntas de Lasso

Vease Tambien: Reflexiones para el Reférendum

Apenas un año se ha cumplido del Referéndum de Guillermo Lasso y pese a que ninguna de las preguntas consiguió ser aprobada. Daniel Noboa ha decidió volver a incluirlas en su referéndum y consulta. Una pequeña muestra de continuidad con el fracasado gobierno al que reemplazo.

Casillero B: ¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos, con las condiciones, requisitos, restricciones e impedimentos establecidos en la Constitución, los instrumentos internacionales y en la Ley, enmendando la Constitución y reformando las leyes, conforme el Anexo 1?”

Una de las preguntas repetidas es la referente a la extradición de personas, un intento más del gobierno de Lasso por desentenderse de sus responsabilidades. Acudiendo a los Estados Unidos y otros países. Revelando su incapacidad de gestionar el sistema penitenciario, abarrotado y fuera del control estatal ante la corrupción de las autoridades.

El gobierno de Daniel Noboa ha sido mucho más agresivo en esta política. Ya se encuentra expulsando presos extranjeros de regreso a sus países, sin la seguridad de que sus países de origen los mantenga en las cárceles, y, por tanto, sin la seguridad de que estos no regresen a Ecuador por vías de tránsito irregulares.

Puede que la extradición sea bien vista por las masacres, pero esto no cambiara si el Estado no cumple su responsabilidad de estar a cargo del sistema de rehabilitación social, en vez de dejar que se conviertan en Universidades del Crimen. Citando lo que mencione el año pasado, la extradición “para lo único que funciona es para aumentar el sometimiento del Ecuador al imperialismo yanqui al perder con los extraditados, fuentes de información para acabar con estas mafias. La DEA obtendrá el control de esta información, convirtiendo en necesidad dejar a Estados Unidos involucrarse más en asuntos de seguridad del Ecuador, mientras, Lasso, la policía, el gobierno y la justicia se declaran inútiles para combatir delincuencia.” Con ello se facilita una fuga de testigos de delitos en los cuales puede estar involucrados el Estado y sus representantes.

No se trata de algo inventado, en nuestra vecina Colombia tenemos el caso de Salvatore Mancuso, líder paramilitar que en 2008 fue extraditado a Estados Unidos impidiendo que vincule Álvaro Uribe en la masacre de El Aro y demás crímenes donde el Estado y líderes políticos se involucraron, de forma oportuna para que paguen por ellos, en vez de recién mencionarlos cuando ya prescribieron.

Restringir Medidas Cautelares

Casillero C: ¿Está usted de acuerdo con el establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional, tanto en primera como en segunda instancia, para el conocimiento de las garantías jurisdiccionales que les corresponda, enmendando la Constitución y reformando la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, de acuerdo con el Anexo 2?

La situación creada por la corrupción dentro del Poder Judicial ha implicado una mala fama para las garantías jurisdiccionales. La liberación de Jorge Glas y narcotraficantes mediante habeas corpus ha llevado a debate lo sumamente garantista de derechos que es entendida la Constitución, ignorando que la interpretación de esta no depende de la Constitución en sí, sino de las autoridades dentro del sistema de justicia.

El gobierno plantea jueces especiales para conocer y aceptar las medidas cautelares, sin embargo, no se indica que va a hacer para impedir la corrupción entre estos magistrados. Simplemente es un cambio en la forma de tratar estos casos, pero no en las causas que producen estos vicios en las resoluciones contrarias al interés de la ciudadanía en general.

Una reforma que plantea alejar la justicia de los criminales, alejándola de todo el pueblo mas de lo que ya esta. No sabemos cuántos serán estos jueces especiales, si estarán disponibles en todo canton o solo en las capitales de provincia. Más dificultades para impedir excesos de la fuerza pública, facilidades para de las autoridades restrinjan la informacion que nos llega y guarden secretos de sus actividades, recordando que el habeas data y la acción de acceso a la información pública están incluidos en la reforma.

Militarización

Casillero A: Actualmente, las Fuerzas Armadas no pueden apoyar a la Policía Nacional en la protección interna y mantenimiento del orden público, a menos que exista una declaratoria de estado de excepción. ¿Está usted de acuerdo con que se permita el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con lo previsto en el Anexo 1?

Casillero F: ¿Está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas realicen control de armas, municiones, explosivos y accesorios, permanentemente, en las rutas, caminos, vías y corredores autorizados para el ingreso a los centros de rehabilitación social?

Pese a que la Consulta Popular y Referéndum está siendo promocionada como una forma para acabar con la crisis de inseguridad únicamente 2 de las preguntas del Referéndum son referentes a la seguridad, siendo estas las que tendrán inmediata vigencia una vez aprobadas y publicados los resultados por el Consejo Nacional Electoral. El resto de las preguntas, no tienen vigencia inmediata, teniendo que pasar primero por la Asamblea.

Además de la repetitiva pregunta de la extradición, tenemos la que plantea el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en la seguridad interna, hecho que ha demostrado en los últimos meses de Estado de Excepción únicamente servir para generar memes, humillar gente, criminalizar a la juventud, y provocar muertes en sus “exabruptos”.

Con más orden y disciplina, junto con comprensión de las diferencias entre una guerra y un conflicto con la delincuencia organizada, esta pregunta sirva para los pueblos. Sin embargo, el personal militar entrenado para la guerra, que debería por lo menos regirse por el derecho internacional humanitario, ha obtenido de la Asamblea Nacional y el gobierno la inmunidad total a los crímenes que pueda cometer. Carlos Javier Vega Ipanaque es una de las víctimas de este régimen militar, a sus 19 años fue asesinado al ser tiroteado por militares mientras junto a su primo a vender un gato.

Este Estado de Excepción de Daniel Noboa donde se ha proclamado el “conflicto armado interno” para envalentonar a las fuerzas del orden, es un preámbulo para lo que pasara de ser aprobada la militarización del país. Un Estado de Excepción donde la única diferencia que ha existido es el numero de excesos de las fuerzas militares, mientras las muertes han bajado solo un 18%, sin diferencia a lo conseguido con los estados de excepción de Guillermo Lasso, existiendo entre enero y febrero de 2024, 773 homicidios intencionales en el país; un promedio de 12 asesinatos por día, cifra aun alarmante, pero que el gobierno quiere presentar como un éxito.

A la hora de escoger lo que vamos a votar en esta pregunta también es importante tomar en cuenta los recientes acontecimientos en Palo Quemado y las Palmas, comunidades de Cotopaxi, que, tras ser entregadas a una minera canadiense por el régimen de Daniel Noboa, están siendo despojadas de sus tierras por las Fuerzas Armadas y la Policía con el fin de realizar una consulta “previa, libre e informada” en la que por su “propia voluntad” autoricen la extracción minera. Acusados de “terroristas” por intentar resistir a este plan, han sufrido de los primeros actos de represión en el régimen de Daniel Noboa y los insultos del primer mandatario que busca justificar a base de su “guerra” todo crimen de su gobierno.

Casillero J: ¿Está usted de acuerdo con que las armas, sus partes o piezas, explosivos, municiones o accesorios que fueron instrumentos u objeto material de un delito, puedan destinarse al uso inmediato de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el Anexo de la pregunta?

Pese a la incapacidad de las Fuerzas Armadas para tratar con los ciudadanos ecuatorianos por fuera de sus prejuicios sociales, Noboa no solo insiste con ello en la pregunta f, sino que también busca la forma de darle más armas, las de los criminales, con las que se cometieron crímenes. Las implicaciones van desde el uso de armas ilegales dentro de la fuerza pública, la falta de municiones para esas armas hasta la posibilidad de encubrir los crímenes del personal militar, volviéndose más difícil imputarlos.

Populismo Penal

Casillero G: ¿Está usted de acuerdo con que se incrementen las penas de los delitos de: (i) terrorismo y su financiación, (ii) producción y tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, (iii) delincuencia organizada, (iv) asesinato, (v) sicariato, (vi) trata de personas, (vii) secuestro extorsivo, (viii) tráfico de armas, (ix) lavado de activos y (x) actividad ilícita de recursos mineros, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el Anexo de la pregunta?

Casillero I: ¿Está usted de acuerdo con que se tipifique el delito de tenencia o porte de armas, municiones o componentes que son de uso privativo de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, sin afectar a las armas de fuego permitidas para uso civil, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el Anexo de la pregunta?

Casillero H: ¿Está usted de acuerdo con que las personas privadas de la libertad cumplan la totalidad de su pena dentro del centro de rehabilitación social en los delitos detallados en el Anexo de la pregunta, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme consta en el referido Anexo?

La consulta también plantea nuevas reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), una propuesta que el mismo Daniel Noboa admite implícitamente como no urgente, cuando retraso la votación de estas reformas en la Asamblea Nacional para seguir con su consulta inútil.

La verdad es que no es nada nuevo lo de reforma el COIP. Recién en el 29 de marzo de 2023 fue publicada la Ley Orgánica Reformatoria a Varios Cuerpos Legales para el Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales y la Seguridad Integral. Antes de eso, en agosto de 2021, fue publicada la Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico Integral Penal para Prevenir y Combatir La Violencia Sexual Digital y Fortalecer la Lucha contra los Delitos Informáticos. Ninguna de las dos requirió de la aprobación de la ciudadanía en consulta para entrar en vigor y, como podemos ver empíricamente, tampoco mejoraron la cruda realidad del país.

Aumento de penas a ciertos crímenes, mientras los capos de las mafias viven en departamentos de lujo dentro de las cárceles. Tipificación de nuevos crímenes, cuándo estas gobernando los sitios de “rehabilitación” como verdaderos señores. Forzarlos a cumplir la totalidad de su pena, cuando no necesitan de ninguna ley para escapar. Los cambios en los textos legales no provocan ningún cambio real ante la crisis del estado, incapaz por voluntad propia de lidiar con esta crisis.

Ningún ecuatoriano puede estar en contra de reprimir y ajusticiar a los grandes criminales, pero es imposible imaginarse que esta pregunta sea de utilidad mientras los que han gobernado con estas grandes mafias, lo sigan haciendo.

Casillero K: ¿Está usted de acuerdo con que el Estado proceda a ser el titular (propietario) de los bienes de origen ilícito o injustificado, simplificando el procedimiento de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, conforme el Anexo de la pregunta?

La Ley de Extinción de Dominio es una ley improductiva ante una política y justicia controladas por sujetos favorables a los mafiosos y narcotraficantes. Una clase burguesa que ha acudido a métodos ilegales para acumular más riqueza, que se ha asociado a grupos criminales para este fin voraz. El Caso Metástasis y luego el Purga han evidenciado esa realidad, a los nombres de Jorge Glas, Diego Ordoñez y Wilman Terán, se unen los de Fabiola Gallardo y Pablo Muentes, exasambleísta socialcristiano, ratificando lo que ya habíamos entendido del nivel de podredumbre del Estado. Podredumbre, síntoma de la descomposición de un sistema que ya a alargado su vida útil, que se niega a desaparecer y que Noboa no puede cambiar al gozar de sus beneficios durante toda su vida.

Los narcotraficantes y grandes corruptos ya tienen gran parte de su fortuna en el extranjero, esta pregunta de nada va a servir si no se resuelve como recuperar esta importante porción de lo sustraído al pueblo ecuatoriano.

Véase También: Estado Descompuesto

Más Imperialismo

Casillero D: “¿Está usted de acuerdo que el Estado ecuatoriano reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión, contractuales o comerciales?”

Daniel Noboa parece que no le es suficiente habernos llevado a un conflicto comercial con Rusia por quererle entregar armas soviéticas a Estados Unidos, que ahora quiere cambiar la misma Constitucion de Republica para congraciarse con el Imperio. La pregunta de la extradición no es suficiente para ello, por lo que Noboa quiere hacer algo más y abrir las puertas al arbitraje comercial.

Aunque no es nada nuevo, pues Lasso, ignorando el marco constitucional, ratifico el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y nacionales de Otros Estados (1966) nuevamente en julio de 2021 luego de que Ecuador salió en 2009 tras la aprobación de la Constitución. Ahora Daniel Noboa quiere formalizarlo, borrando el impedimento presente en el articulado constitucional.

“Este convenio, así como los tratados bilaterales de inversión, violentan la soberanía nacional en beneficio de los intereses de las empresas extranjeras, menoscaban la legislación local y los derechos de las personas y la naturaleza.” (Semanario En Marcha, 2021)

Estamos hablando de tribunales ajenos a un país que decidirán por encima de los estados sobre su economía y negocios, favoreciendo los intereses de los países mas poderosos y sus empresas transnacionales. Tenemos el caso de nuestro vecino, Perú, uno de los países de Sudamérica más demandados, ha perdido tres casos en dos años (2022 y 2023) con un costo de USD 111 millones. Una cifra de agosto en la que no se encontraba incluido el fallo a favor de la Sociedad Aeroportuaria Kuntur Wasi S.A. En 2023, México y Honduras fueron los países mas demandados de todo el globo.

Nuestro país ya debe 50 mil millones gracias a estos arbitrajes internacionales. Al volver constitucionales estas acciones nuestro país se encontrará indefenso ante indemnizaciones que empresas extranjeras hagan por anulación de contratos que seguramente ellos incumplieron primero. Un requerimiento para acceder a los acuerdos internacionales con las grandes potencias, interesadas en tener un mercado que explotar sin límites, al costo de que las grandes transnacionales impongan la explotación minera en los territorios del Ecuador.

Explotación Laboral

Casillero E: ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República y reformar el Código de Trabajo para el contrato de trabajo a plazo fijo y por horas, cuando se celebre por primera vez entre el mismo empleador y trabajador, sin afectar los derechos adquiridos de los trabajadores, de acuerdo con el Anexo 4?

Daniel Noboa, un representante de los sectores mas pudientes de la sociedad ecuatoriana, continuando con la política neoliberal de Guillermo Lasso y sus predecesores, plantea en medio de una Consulta donde mayoritariamente comprenden el tema de seguridad, una pregunta con la que se pretende autorizar la precarización laboral.

El gobierno y las cámaras hablan de una mayor libertad para contratar a más personal, haciéndonos creer que no lo hacen ya de forma ilegal. Esos empleos irregulares son inútiles para saciar las necesidades del trabajador, con sueldos demasiado bajos por debajo del salario básico y por tanto también por debajo de la canasta básica familiar.

Tomar en cuenta que, el anexo 4 deja a disposición entera del Presidente de la República definir las reformas al Código del Trabajo, sin ninguna seguridad de que se vayan a a respetar los derechos laborales una vez aprobada la reforma constitucional. Las propuesta inicial del Ministerio de Trabajo, fija un pago de 2,80 por hora, e impide que se pueda trabajar por más de 3 horas al día en esta modalidad, significando un ahorro para los empresarios, mientras los trabajadores solo obtendrían 152 dólares al mes, muy por debajo del salario básico y el valor la canasta básica familiar que tras la subida del IVA, puede llegar a más de 800 dolares.

Daniel Noboa nos engaña al decirnos que esto mejorará la seguridad del país, cuando la verdad es que su única utilidad será la de aumentar el sometimiento al imperialismo y desmantelar los derechos laborales bajo un aval popular. Un paso más por las políticas neoliberales y fascistoides en el Ecuador, para acabar con las pocas libertades que persistían y cuesta mantener en un sistema capitalista que encubre su desigualdad y favoritismo favorable a un pequeño sector de la sociedad.

La militarización o las reformas inútiles al COIP, son percibidas como necesarias por un pueblo necesitado de seguridad, y posiblemente en otras condiciones (bajo otro sistema) haga mucho, pero al final estas preguntas no harán más de lo que se hace mientras exista esta clase gobernante interesada solo ellos mismos. Ya la Asamblea le permitía sin ningún obstáculo realizar estos planes, y se ha vuelto parte de la normalidad vivir bajo Estado de Excepción. El Ecuador necesitado de seguridad anhela algo que lo consiga, lamentablemente estas preguntas al final no lo lograran, quedando para el olvido, sin mejoras para la fuerza pública y con los mismos de siempre gobernando.

Entre todas las preguntas inútiles de Noboa es importante prestar atención a la D y la E, sobre el trabajo por horas y los arbitrajes internacionales injustos, donde la Constitución sigue siendo nuestro único límite para mantener ilegal estas medidas de esclavitud de los trabajadores y sumisión del país a agentes extranjeros, dícese de los grandes monopolios o las naciones imperialistas.

Véase También:

Referencias

AP EXPLICA: ¿Quién es Salvatore Mancuso, el exjefe paramilitar que busca la libertad en Colombia? (23 de Marzo de 2023). Obtenido de Associated Press: https://apnews.com/world-news/general-news-7bd95d36635265a6daa0bb66515631ff

La tasa de muertes violentas en el país se redujo un 18 % en los dos primeros meses del 2024. (1 de Marzo de 2024). Obtenido de Ecuavisa: https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/tasa-muertes-violentas-redujo-primeros-meses-2024-MI6947835

Montaño, F. (20 de Agosto de 2023). Perú perdió arbitrajes del Ciadi por más de USD 111 millones en 2022 y 2023. Obtenido de OjoPublico: https://ojo-publico.com/sala-del-poder/ciadi-peru-perdio-arbitrajes-por-mas-usd-111-millones-desde-2022

Semanario En Marcha. (1 de Julio de 2021). Ciadi atenta a la soberanía nacional. Obtenido de Partido Comunista Marxista Leninista del Ecuador: https://www.pcmle.org/EM/spip.php?article11270